La denuncia atañe a una factura de algo más de 9.000 euros pagada a una empresa por instalar los equipos audiovisuales, una tarea que Comptos entiende que se incluía en el precio de los pliegos conforme a los cuales se le adjudicó la compra, de forma que con ese importe añadido su oferta hubiese superado el precio de licitación y por tanto debería haber sido rechazada.
El dato ha sido puesto hoy de manifiesto por el presidente de la Cámara de Comptos, Luis Muñoz, durante su comparecencia en el Parlamento foral para explicar el informe del organismo fiscalizador sobre la obra del Polideportivo de Ezcabarte, que cambió de ubicación, de Oricáin a Azoz, cuando debía iniciarse la construcción.
La obra, con un coste final de 2,9 millones, tuvo un encarecimiento respecto a la previsión inicial del 37% debido a los gastos de urbanización que el nuevo emplazamiento exigía respecto a los que ya existían en el lugar inicialmente elegido, una circunstancia que, de no contabilizarse, dejaría en todo caso la desviación de la obra en un 16%.
Muñoz ha advertido de que "tanto el cambio de ubicación como la exigencia por parte del Gobierno de Navarra de que las obras se iniciaran en 2005 son factores que han incidido en la gestión de esta obra, sobre todo porque han obligado a una gestión acelerada del expediente", con adjudicaciones de urgencia y con la firma de un convenio con los propietarios de los terrenos.
El informe indica que los expedientes analizados "se han ejecutado de conformidad con la legalidad vigente", aunque se señalan dos matizaciones, la primera la de que uno de los integrantes del equipo adjudicatario de la redacción del proyecto y dirección de obra fue el arquitecto contratado como asesor municipal, una actuación "contraria a la legislación de contratos".
Además, el ayuntamiento no realizó una valoración concreta sobre el valor de los terrenos utilizados para la construcción del polideportivo y optó por firmar un convenio con los propietarios, "un procedimiento mucho menos seguro".
En el turno de intervenciones, Faustino León (UPN), ha destacado la afirmación de que, "en general", los expedientes ejecutados se han desarrollado conforme a la legislación Por su parte, Asun Fernández de Garaialde (Nafarroa Bai) ha expuesto sus "dudas" de que "la urgencia haya podido enmascarar otras actuaciones" en este caso, y ha cuestionado el funcionamiento del proceso de concesión de las subvenciones por parte del Ejecutivo foral que obliga a tener los proyectos preparados sin saber si recibirán subvención, ya que obliga a gastarla con premura si se concede.
El socialista Javier Monzón ha coincidido en advertir que "la urgencia hace pensar que se hayan podido alcanzar compromisos o acuerdos que de otra forma no se hubieran llevado a cabo", y ha quitado importancia a la dimisión del arquitecto municipal cuando se le concedió la obra, ya que "lo relevante es que participó de la información privilegiada".
Por CDN, José Andrés Burguete, también ha reconocido la necesidad de "reflexionar" acerca del procedimiento de concesión de subvenciones del Gobierno, y ha subrayado el papel del secretario de la localidad, que "debería haber advertido" de la incompatibilidad de la labor del arquitecto municipal con sus intereses empresariales.
Al respecto, la portavoz de IUN, Ana Figueras, ha advertido por su parte que "se puede estar haciendo algo legal pero criticable o amoral". EFE
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